Translated by Stephanie Casanova. Read in English here.
Las aceras de Highlandtown cuentan una historia muy diferente hoy a la de hace un año. Las tiendas que antes bullían en conversaciones ahora están más vacías; las familias que antes paseaban por las calles ahora se han ido. El día a día se ha llenado de miedo bajo la ofensiva de deportación masiva del presidente Donald Trump, lo que ha conmocionado a este barrio de mayoría hispanohablante.
L y E, ambos no ciudadanos que han vivido en Estados Unidos por mucho tiempo (cuyos nombres completos Baltimore Beat no divulga por su seguridad), son familiares que representan dos caras de la misma moneda: L ya fue obligada a irse del país; E se siente aprisionado por el miedo. Cada mirada de desconocidos, cada agente de seguridad que pasa, les recuerda la atención que atrae su piel morena.
Sus vidas paralelas reflejan un sentimiento comunitario, donde los ritmos diarios son interrumpidos por camionetas de agentes de inmigración y las calles se vuelven más desoladas con cada deportación.
Mientras que la lucha de L terminó cuando se vio obligada a irse del país, la de E continúa hacia lo desconocido. L ha caminado sus últimos momentos en Estados Unidos, de la mano de sus dos hijos pequeños, y E no pudo caminar a su lado. En este momento histórico, acercarse demasiado sería un riesgo para su propia libertad. Su vida durante los últimos siete meses se ha caracterizado por vivir en las sombras. Aún le pesa el corazón no haber podido consolar a su ser querido como deseaba.
L, de 32 años, llegó a Estados Unidos hace cuatro años buscando seguridad para su hijo y se le concedió el estatus de refugiada. Al principio, sus citas eran anuales, luego cada seis meses. En su cita más reciente, su abogado se echó atrás en el último minuto, diciéndole que el lugar estaba “demasiado lejos”. Les pidió a los funcionarios de inmigración que reprogramaran la cita, pero se la negaron. Sin hablar inglés, L los afrontó sola.
Allí, le ordenaron salir del país en un plazo de 60 días y le colocaron un monitor del tobillo. Si no se autodeportaba, los agentes le advirtieron que sería deportada a la fuerza sin sus hijos. “Como madre, mis hijos siempre son lo primero. Lo son todo. No me siento yo misma sin mis hijos a mi lado”, le dijo L a The Beat.
Con la iniciativa de Donald Trump de realizar deportaciones generalizadas, lo que solía ser una cita sencilla de inmigración ha adquirido un peso diferente.
Estos registros ahora cargan la amenaza inminente de ser arrestados y metidos en una cárcel de inmigración, reemplazando el procedimiento por un temor constante y transformando la vida diaria en las comunidades de inmigrantes. Los defensores afirman que el miedo a ser despojados de todo lo que conocen prácticamente sin previo aviso está desalentando a los miembros de la comunidad, independientemente de su estatus migratorio, de participar plenamente en sus vecindarios.
Expertos en inmigración que trabajan en Baltimore afirman que las autoridades se centran cada vez más en personas a las que anteriormente se les permitía permanecer en la comunidad mientras sus casos avanzaban lentamente en los tribunales congestionados. La mayoría no tiene antecedentes penales y cumple con los controles regulares, incluyendo a L.
Los expertos en inmigración que trabajan en Baltimore dicen que las autoridades se están centrando cada vez más en individuos a quienes anteriormente se les había permitido permanecer en la comunidad mientras sus casos avanzaban lentamente en tribunales atrasados.
Los registros de inmigración son una forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) monitorea a las personas con solicitudes de asilo pendientes u otros casos de inmigración mientras esperan una resolución. Los funcionarios del ICE no han revelado la frecuencia con la que se realizan las detenciones durante o después de los registros obligatorios programados.
Tras pedir más tiempo, las autoridades le dieron a L 30 días adicionales para organizar su salida, comprar su boleto y prepararse para ir a Honduras.
L es madre de un hijo de siete años y una hija de dos; esta última nació en Estados Unidos y es ciudadana. Durante los últimos cuatro años, L ha construido una vida en Baltimore: trabajando de forma estable en un restaurante local, participando activamente en la comunidad escolar de su hijo y rodeada de amigos y familiares. Baltimore es donde se sintió segura, donde echó raíces y el único lugar que sus hijos han conocido como su hogar.
Aun así, el país al que ha contribuido y por el que tanto se ha sacrificado la ha obligado a irse. Sus hijos son lo único que la mantiene en pie. Insiste en que debe mantenerse fuerte por ellos. No permite que la vean llorar, pero a puerta cerrada se derrumba. Escucha a la gente decirle: “Esto no está bien. Esto no debería estar pasando”. Pero está pasando.
“Espero que Dios me dé la oportunidad de volver”, dijo. “Por el futuro de mis hijos”. Estados Unidos siempre será su sueño.
Históricamente, a los solicitantes de asilo se les permitía vivir libremente en Estados Unidos mientras sus casos estaban pendientes en los tribunales, explicó Caroline Barrow, abogada de inmigración infantil del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes.
“El gobierno actual quiere que todas esas personas estén detenidas, cualquiera que esté pendiente en los tribunales de inmigración”, dijo Barrow. Esto a menudo deja a las personas sin opciones para acceder a la ciudadanía legalmente.
Carla Paisely, directora de la Corporación de Desarrollo Comunitario del Sureste (CDC), una organización comunitaria que ofrece recursos para el desarrollo de viviendas y negocios, dijo que la política migratoria es un “objetivo en movimiento”, señalando que muchos clientes son deportados por expulsión acelerada sin siquiera presentarse ante un juez, y que muchas veces son el sostén de la familia. Afirma que la ansiedad constante y leve en las comunidades inmigrantes ahora se ve interrumpida por ausencias repentinas.
“Clientes y personas que normalmente verías no aparecen, y lo primero que piensas es que se han ido”, dijo Paisley.
Alrededor de 1,400 arrestos, o el 8% de los casi 16,500 del primer mes de Trump en el cargo, probablemente se llevaron a cabo durante o inmediatamente después de una cita de registro, según datos del Proyecto de Datos de Deportación, un equipo de académicos y abogados que recopila información sobre la aplicación de la ley migratoria.
Barrow afirma que el gobierno está aplicando “interpretaciones muy agresivas de que a todos los inmigrantes” se les debe negar la libertad bajo fianza en todos los casos. Haste el 21 de septiembre, según los datos más recientes disponibles, el ICE mantenía a casi 60,000 personas detenidas, una de las cifras más altas en la historia de Estados Unidos, en comparación con un promedio de 37,500 en 2024. Para mantener estas cifras, el gobierno de Trump implementó una cuota mínima de 3,000 arrestos diarios y “seguirá presionando para aumentar esa cifra”, declaró Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca para políticas, a Fox News en mayo. Desde entonces, el ICE ha negado la existencia de la cuota en medio de una demanda que vincula las recientes redadas en Los Ángeles con su aplicación.
No solo las personas indocumentadas están siendo atacadas. Eric López, del Centro Amica, señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha restringido las protecciones de asilo y ha reinterpretado la ley de inmigración con más agresividad que nunca. El resultado, afirma, es profundamente escalofriante: las familias ven cómo sus seres queridos son canalizados a la custodia de ICE con pocas posibilidades de liberación o trato justo, y acceder a los tribunales o encontrar un abogado se ha convertido en una ardua batalla.
El ICE realizó 2,280 arrestos en los primeros siete meses de 2025 dentro de su Área de Responsabilidad de Baltimore, lo que indica su jurisdicción física para operar, superando con creces el total de 1,498 arrestos de todo 2024. Según el Proyecto de Datos de Deportación, el Área de Responsabilidad de Baltimore abarca todo Maryland e incluye algunas partes de Virginia y Delaware. La gran mayoría de los arrestos involucraron a personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
Las detenciones y deportaciones son muy anteriores a Trump. Lo que diferencia su enfoque de otras administraciones, según los defensores, es la casi erradicación total de las vías legales y la presión para detener casi todos los casos pendientes, una marcada intensificación con respecto a administraciones anteriores.
La deportación acelerada, por ejemplo, ahora se aplica a personas que llevan años en Estados Unidos, según Adonia Simpson, abogada de inmigración. “Antes, solo se aplicaba a quienes habían llegado en los últimos 14 días a menos de 160 kilómetros de la frontera estadounidense”, dijo. Pero ahora esta táctica se aplica a personas ya establecidas en Estados Unidos, “y a menudo a personas que llevan aquí más de dos años”.
Una residente indocumentada de Baltimore, que pidió no ser identificada, entró ilegalmente a Estados Unidos a sabiendas para salvar a su hija de la trata de personas. En su país de origen, una pandilla local le advirtió que regresarían por su hija cuando fuera mayor. Decidió mudarse a Estados Unidos, evitando países más cercanos donde creía que las pandillas podrían alcanzarla más fácilmente.
Los tribunales de inmigración operan ahora bajo nuevas restricciones, como la ampliación de las facultades de los jueces para desestimar casos directamente y la aceleración de las cancelaciones de visas bajo programas como “Catch and Revoke” (Captura y Revoca), una política propuesta por la administración Trump que impone cero tolerancia a los no ciudadanos, especialmente a quienes expresan disidencia política hacia la administración actual.
Los defensores afirman que estos cambios demuestran que la administración no sólo está reforzando la aplicación de la ley, sino que también está desmantelando los sistemas que antes ofrecían una vía para obtener la residencia legal. Políticas que antes se consideraban salvaguardas, como los registros durante los casos pendientes, ahora se perciben como trampas. El resultado es un miedo generalizado en las comunidades inmigrantes, donde las antiguas vías de acceso a la estabilidad y la ciudadanía están desapareciendo junto con la esperanza.
Los abogados de Amica afirman que muchos de sus clientes enfrentan graves problemas de salud, además de su precaria situación migratoria. Un abogado describió a una clienta, con varios meses de embarazo de su primer hijo, que evita las revisiones prenatales por miedo a ser detenida. La constante amenaza de redadas de ICE dirigidas a cualquier persona que parezca latina ha llevado a muchos a evitar la atención médica, afirman los defensores, poniendo en riesgo su salud. “La gente tiene miedo de salir. Salen a comprar lo esencial y se van rápidamente”, dijo Paisley.
Otro defensor de Amica compartió la historia de una clienta con una enfermedad crónica que fue arrestada mientras viajaba para visitar a su hijo en coma.
“La realidad es que todos son prioridad para la detención y el arresto”, dijo López. “Las personas que no representan ningún riesgo para la seguridad pública, incluso con las propias métricas del ICE, no están siendo liberadas de la custodia del ICE”.
“La realidad es que todos son prioridad para la detención y el arresto”, dijo Eric López, del Centro Amica. “Las personas que no representan ningún riesgo para la seguridad pública, incluso con las propias métricas del ICE, no están siendo liberadas de la custodia del ICE”.
Un administrador de casos del CDC del Sureste, que pidió no ser identificado, afirma que muchos de sus clientes — residentes legales y extranjeros — tienen demasiado miedo de usar o abrir cuentas bancarias. Llevar dinero en efectivo los ha dejado vulnerables, ganándose la reputación de ser “cajeros automáticos ambulantes”, pero muchos creen que el riesgo de robo es más seguro que el temor de que les confisquen el dinero del banco si son deportados.
El mismo temor se extiende a la vivienda. Sin los documentos requeridos por administradores de propiedades de buena reputación, los extranjeros a menudo recurren a propietarios que se aprovechan de su estatus, usándolo como palanca en su contra. Incluso cuando son maltratados, la mayoría de los inquilinos se niegan a oponerse. “El 90% de mis clientes, incluso cuando tienen razón, no toman medidas contra un propietario”, dijo el administrador de casos. “No me creen cuando les digo que su estatus migratorio no tiene nada que ver con sus derechos”.
Este efecto intimidatorio también afecta a las familias con hijos nacidos en Estados Unidos. Los trabajadores sociales señalan que muchos padres evitan solicitar los beneficios a los que sus hijos tienen derecho, temerosos de que al hacerlo se ponga en tela de juicio su propia situación.
Para algunos, la tensión se ha vuelto insoportable. Una clienta del CDC del Sureste, madre de niños pequeños, intentó suicidarse a principios de este verano bajo el peso de las facturas, la inestabilidad laboral y el miedo constante. Había dejado de responder a su gestor de casos semanas antes de que su madre finalmente llamara para explicar lo que estaba pasando.
Estas experiencias dejan a los trabajadores sociales estancados. “Les digo a las personas cuáles son sus derechos, y eso es genial, pero necesitan un abogado”, dijo la trabajadora social.
“Es estupendo que conozcan sus derechos, pero ¿qué tan útil es eso ahora mismo? Conocer tus derechos solo llega a cierto punto cuando no hay nadie que te defienda. La gente necesita abogados, la verdad. Y no hay nada. Yo los recomiendo, y los abogados tienen una lista de espera enorme”.
“Conocer tus derechos solo llega a cierto punto cuando no hay nadie que te defienda. La gente necesita abogados, la verdad. Y no hay nada. Yo los recomiendo, y los abogados tienen una lista de espera enorme”.
Un gestor de casos del CDC del Sureste, que pidió no ser identificado.
Simpson, la abogada de inmigración con sede en Washington D.C. y Baltimore, ha observado un aumento en las estafas dirigidas a extranjeros, en las que individuos se hacen pasar por agentes de ICE o se presentan falsamente como autoridades legales para extorsionar a inmigrantes. Crisaly de los Santos, directora de CASA en Baltimore y el centro de Maryland, coincidió con las preocupaciones de Simpson, alegando que el propio ICE ha utilizado tácticas engañosas, como ofertas de empleo para hispanohablantes y traductores, para atrapar a inmigrantes.
“Desafortunadamente, en momentos como este, cuando las cosas son delicadas, hay mucha desinformación, mucho miedo, mucha incertidumbre”, declaró Simpson en una reunión comunitaria. “Hay personas malintencionadas que buscan aprovecharse”.
Más allá del trauma inmediato de los arrestos de ICE, existen dudas sobre cuánto tiempo podrá la comunidad tolerar los efectos desalentadores de la presencia de ICE antes de verse obligada a tomar decisiones económicas imposibles. Johanna Barrantes, gerente de proyectos para pequeñas empresas en el CDC del Sureste, señala que la fuerte presencia de ICE, sumada al temor que infunde en las comunidades hispanohablantes circundantes, tanto residentes como no residentes, está erosionando la estabilidad y la sensación de seguridad de la comunidad.
Defensores y trabajadores sociales del CDC del Sureste reportan una fuerte caída en el tráfico peatonal, con una caída aún más pronunciada en los ingresos de los negocios locales. Paisley compara las calles desoladas con los primeros días de la pandemia, señalando que muchos dueños de negocios están volviendo a las estrategias que usaban entonces para mantener la clientela y pagar a sus empleados para que puedan cubrir sus necesidades financieras.
Pero esto no es COVID, enfatiza Paisley. Si bien la pandemia representó una amenaza compartida que todos estábamos aprendiendo a gestionar juntos, la operación actual contra los inmigrantes está impulsada por unos pocos contra la mayoría. Quienes ostentan el poder cambian las reglas a su antojo simplemente porque pueden, señaló Paisley.
Mientras la pandemia planteó una amenaza compartida que todos estábamos aprendiendo a manejar juntos, la operación actual contra los inmigrantes está impulsada por unos pocos contra muchos.
El CDC del Sureste ofrece una variedad de programas comunitarios, incluyendo una capacitación sobre “Conoce tus Derechos”. Sin embargo, la lección principal —”no abras la puerta”— expone una dolorosa contradicción: mientras que las personas pueden ejercer esa protección en casa, los pequeños negocios no pueden darse el lujo de negarse a abrir. Su supervivencia depende de mantener sus puertas abiertas a los clientes.
Mientras tanto, muchos residentes legales se enfrentan a situaciones precarias con sus permisos de trabajo. El CDC del Sureste registra semanalmente permisos vencidos, y los residentes dudan en renovarlos por temor a encontrarse con ICE. Bajo la administración actual, esto limita los tipos de trabajos que pueden aceptar y aumenta la responsabilidad de los empleadores, lo que restringe aún más las oportunidades económicas.
Barrantes trabaja como puente entre el CDC del Sureste y los empresarios locales. Desde enero, su función se ha centrado cada vez más en conversaciones diarias sobre la aplicación de la ley migratoria. Incluso en los raros días que no se menciona el tema, admite que siempre lo tiene presente. Antes, solo unos pocos negocios habían instalado sistemas de timbre para controlar a los clientes; ahora, se pregunta cuántos más se sentirán obligados a seguir el ejemplo.
Muchos miembros de la comunidad recurren a Uber o a servicios de reparto para cubrir sus necesidades básicas, ganando menos y gastando más, lo que presiona aún más sus finanzas. “Estamos a punto de entrar en la temporada de eventos, festivales de otoño y eventos festivos, que son una fuente de ingresos muy importante para muchos pequeños negocios, tanto físicos como en casa. Y muchas personas de estas comunidades afectadas tendrán que tomar, una vez más, una decisión muy difícil: ¿qué está más en riesgo? ¿Mis recursos financieros o mi seguridad física?”, dijo Barrantes. “Muchas de nuestras comunidades siempre han tenido que andar con rodeos, ¿qué es más grave?”.
Todas estas presiones están afectando gravemente a los pequeños negocios, especialmente a aquellos propiedad de inmigrantes negros y latinos. Barrantes observa un ligero aumento en las tasas de vacantes y, si continúa esta tendencia, es probable que deje a una comunidad ya vulnerable aún más expuesta a la invasión de grandes promotoras inmobiliarias.
“Las tiendas familiares y las microempresas conocen sus comunidades”, dijo Barrantes. “Contratan a personal local, se unen a asociaciones, conocen a sus vecinos. Apoyarlos no se trata solo del éxito empresarial, sino de fomentar la fuerza y el impacto de toda la comunidad”.
En todo Baltimore, el miedo impregna la vida cotidiana. Ver agentes enmascarados en los barrios deja cicatrices emocionales duraderas. La realidad de “arrestar primero y hacer preguntas después” obliga a las familias a dedicar una enorme energía a la planificación de la seguridad, a repasar sus derechos y a prepararse para posibles detenciones, lo que debilita los cimientos del bienestar comunitario.
La tensión va más allá del estatus legal. El aumento del control de la inmigracion interrumpe el trabajo, la educación, la atención médica y la vida pública, reduciendo espacios culturales que antes eran vibrantes. Los lugares de reunión seguros y alegres de la comunidad, que antes eran centros de vida, se están reduciendo.
Sin embargo, los vecinos siguen actuando: alzan la voz, tocan puertas y forman barreras, demostrando solidaridad y esperanza.
Barrantes enfatiza que las comunidades negras y morenas llevan mucho tiempo lidiando con las preocupaciones de seguridad; lo novedoso es la velocidad y la magnitud del impacto. Aun así, la resiliencia persiste. Paisley afirma que su personal mantiene su compromiso de estar presente, priorizar las necesidades de la comunidad y fomentar la alegría.
“Estamos viendo a varias personas de esta comunidad que vienen a nuestras puertas y dicen: ‘Vamos a marchar porque ahora ustedes no pueden. Son nuestros vecinos’”, dijo Paisley.